Actualmente, en algunos puestos como los controles de acceso a las cárceles o en la vigilancia del perímetro carcelario, ya podemos ver a vigilantes de seguridad privada. El Ministerio de Interior autorizó que en sus cárceles, los vigilantes de seguridad privada puedan realizar algunas de las funciones que hasta el momento las estaban llevando a cabo los guardias civiles.
La idea de contar con el apoyo de vigilantes de seguridad privada en las cárceles, se propuso desde el ministerio con el fin de liberar de funciones a guardias civiles, de manera que pudieran dedicarse a otras funciones más específicas de seguridad como la relación directa con los presos en sus traslados y compensar así la falta de personal público, que estaba disminuyendo debido a la crisis.
En las catorce cárceles de Andalucía ya se cuenta con 164 vigilantes de seguridad. En concreto, en una de las cárceles de Sevilla ya hay el mismo número de vigilantes de seguridad privada que guardias civiles.
Desde la Asociación Unificada que representa a la guardia civil, siempre se ha visto este tipo de contratación como una manera de privatizar la seguridad pública y no están de acuerdo con esta política. Pero desde Aprogc se ve esta temática como algo totalmente distinto. Se ve como una oportunidad de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública dentro de las cárceles, como la hay en otros recintos, como por ejemplo, los ministerios y los aeropuertos. Esta asociación habla de que los vigilantes de seguridad privada apoyan a los guardias civiles en tareas más estáticas donde con la formación que tienen es suficiente, de manera que estos últimos puedan realizar funciones que solo ellos pueden llevar a cabo.
