España se destaca hoy como una de las naciones que aportan más seguridad a sus ciudadanos, gracias a un marco regulatorio sólido que abraza el ámbito de la seguridad. Desde 1993, la sinergia entre los sectores público y privado ha convertido a la seguridad en un distintivo nacional.
Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá, voz destacada en el ámbito de la seguridad en España, señala que el sector de seguridad privada sigue siendo ampliamente desconocido. Esta falta de conocimiento se atribuye en parte a la juventud relativa del sector y a su discreción. Aunque más de mil quinientas empresas de seguridad privada contribuyen diariamente a cimentar el estado de seguridad que disfrutan los españoles, el peso real de este sector en la vida cotidiana es poco conocido.
No fue sino hasta 1993 cuando se promulgó la primera Ley de Seguridad Privada, estableciendo regulaciones rigurosas para todas las empresas. Este fue el punto de partida para la colaboración público-privada que ha permitido a España contar con una de las estructuras de seguridad más sólidas a nivel mundial.
En 2014, el modelo de trabajo experimentó un cambio significativo, evolucionando de un enfoque de control a uno colaborativo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Programas específicos, como el programa Red Azul de la Policía Nacional o Coopera de la Guardia Civil, surgieron de la iniciativa de estos organismos, fomentando la colaboración. De hecho, los datos reflejan claramente este cambio de paradigma, con un aumento del 74,4% en la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las empresas privadas de 1993 a 2023.
Manuel Yanguas, Comisario Jefe de la UCSP de la Policía Nacional, destaca cómo esta colaboración ha evolucionado de ser subsidiaria a complementaria con el tiempo, considerándola ahora una «necesidad para ambas partes”.
