A finales del pasado mes de agosto quedó aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Con esta ley se pretende mejorar el sistema nacional de seguridad y protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, así como el tiempo y la rapidez de actuación ante las mismas por parte de la Unión Europea, intentando cumplir el principio de solidaridad interterritorial.
Esta nueva ley actualiza en materia de protección civil, a la ley anterior del año 1985. Prestando atención a las normativas establecidas por las diferentes Comunidades Autónomas, por la Unión Europea y los compromisos que España tiene adquiridos en la cooperación internacional.
Esta nueva ley entiende la protección civil como un servicio de seguridad público que protege y da seguridad a las personas en el ámbito nacional. Con ella se pretende dar cobertura a dicha seguridad para los ciudadanos mediante la prevención y planificación de riesgos así como la intervención en caso de emergencia. Y crear las infraestructuras necesarias para más tarde realizar un seguimiento y evaluación.
Para la puesta en marcha de esta ley de seguridad se intentara fomentar y potenciar la cualificación y competencia profesional del personal y de los serviciosde seguridad y protección civil. Y se contará con el respaldo y la actuación, entre otros, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando el Ministro del interior así como el Ministerio de Defensa lo indiquen.
Esta ley contempla un sistema sancionador para aquellas infracciones que acontezcan que irá desde los 1.500 a los 600.000 euros, en función de la gravedad. Así como también se contempla la repercusión económica que tienen estas emergencias y catástrofes a nivel nacional que se puede estimar en unos cuatrocientos millones anuales, destacando el importante papel de las políticas preventivas que se desarrollan actualmente.
Para concluir, debemos resaltar que con esta nueva ley habrá una innovación continua que influirá en un mejor uso de los recursos públicos y privados de seguridad (como empresas de seguridad).
