Desde primeros de octubre, las cárceles canarias, como la de Salto Negro, Tahíche y Tenerife II, ponen en marcha el plan de privatización de sus servicios de seguridad.
Este plan contempla que los vigilantes de seguridad privada comiencen a prestar sus servicios en algunas de las cárceles canarias que pertenecen al Ministerio del Interior, el cual aprobó que la seguridad penitenciaria se viera cubierta en parte, por vigilantes de seguridad privada como complemento a la vigilancia y seguridad que llevan a cabo los funcionarios.
Los vigilantes de seguridad privada tendrán funciones como, el control de personas, vehículos y mercancías, se encargaran de las cámaras de vigilancia en los centros de control y además velaran por la seguridad desde algunos puestos fijos y garitas.
Desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles se denuncia este hecho ya que les provoca gran angustia e inseguridad que la seguridad de las cárceles españolas se vea comprometida por su privatización en temas de vigilancia, además de incurrir en el hecho de que la seguridad de las cárceles se privatice por completo en un futuro.
