El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto terminar con la seguridad privada en las sedes oficiales de la capital. De este modo pretende reducir el gasto municipal remplazando los servicios prestados por empresas de seguridad privada en Madrid, vigilantes de seguridad en su mayoría, por policías municipales.
Esta medida de cese de los servicios de la seguridad privada afectaría a sedes de juntas de distrito, edificios emblemáticos y áreas de gobierno. Los contratos con estas empresas de seguridad privada prestatarias de los servicios se irían cancelando a medida que venzan estos contratos.
La oposición considera inadecuada esta medida, porque, según indican, supone quitar de la calle un gran número de policías municipales al remplazar a los actuales vigilantes de seguridad.
