En base a la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, hay empresas de seguridad privada que han instalado entre 2011 y 2014 cientos de sistemas de seguridad no homologados.
Se trata de una serie de infracciones cometidas por ciertas empresas de seguridad privada que conllevan graves consecuencias penadas por la ley.
Los servicios prestados por estas empresas de seguridad en que se realizan instalaciones de productos de seguridad sin la existencia de un certificado emitido por un organismo de control acreditado, puede derivar en un delito penal, siempre y cuando exista ánimo de lucro, se trate de un engaño intencionado y el mismo ocasione un perjuicio al consumidor de dicho producto o servicios de seguridad.
