El Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ) concluye como inconstitucionales algunos artículos del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En el informe redactado, consideran contraria a la Constitución la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas con el fin de detener a quienes hayan cometido una infracción. Para esto, exigen concretar en qué consisten los delitos que alteren la seguridad ciudadana.
También consideran incompleta la regulación de cacheos, ya que no lo limita al registro externo y superficial. Otro aspecto destacable es en referencia a las competencias de los trabajadores de las empresas de seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, ya que este cometido es exclusivo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como dicta la Constitución.
